La sucesión empresarial no tiene por qué afectar a los trabajadores, quedando el nuevo empresario relevado en todos los derechos y obligaciones del anterior. Los empleados no tienen nada que ver en esta decisión, pero el ordenamiento les otorga el derecho a ser informados.
El problema radica en que la mayoría de las veces resulta complicado determinar cuándo se produce una sucesión de empresas. Las dificultades de su delimitación provocaron hace años la intervención del legislador, con una definición más exacta, para delimitar el concepto.
Por tanto, nos referimos a sucesión empresarial cuando la transmisión afecta a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica.
No es suficiente que los trabajadores de una entidad pasen a prestar servicio para otra sino que, además, es imprescindible que se produzca la transmisión de los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica.
Pese al cambio de empresario, la subrogación dará lugar al mantenimiento de las mismas relaciones laborales que existían antes de la fecha de la transmisión, respetando las condiciones laborales pactadas, así como las reguladas por el Convenio Colectivo que resultase de aplicación, sin que pudiera operar modificación alguna.
El cedente y el cesionario tienen la obligación de informar a los representantes legales de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad, tanto en la fecha prevista de la transmisión, como en los motivos de dicha transmisión, las consecuencias jurídicas, económicas y sociales y las medidas previstas. Esta información debe facilitarse antes de la realización del cambio.
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